I. Juicios por crímenes de lesa humanidad: un proceso que
no termina de afianzarse
1. Juicios significativos
2. La otra cara del 2008
2.1. Hostigamientos impunes. El caso Puthod
2.2. Prisiones VIP. El caso Corres
2.3. Prófugos eternos
2.4. Publicidad restringida
2.5. El papel de las principales instituciones judiciales:
diferencias entre la Procuración General de la Nación
(PGN) y la CSJN
2.5.1. La voz del Ministerio Público
2.5.2. El silencio de la Corte Suprema
3. Mecanismos de impugnación a responsables de
delitos de lesa humanidad
3.1. El caso Patti
a) ¿Patti candidato a gobernador? El visto bueno de
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires
b) ¿Patti diputado de la Nación? El visto bueno de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3.2. Los casos Rico Tejeiro y Sassi Colombres
3.3. El proyecto de inhabilitación que el Congreso
adeuda y los casos de 2009: Aldo Rico y los inspectores
de Mauricio Macri
4. Programa Verdad y Justicia
5. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
6. Los desafíos de la memoria como política de Estado
7. Los proyectos de sitios de memoria
Anexo estadístico: los números del proceso de justicia por
crímenes de lesa humanidad en la Argentina
1. Situación actual de los procesos en los que se
investigan crímenes de lesa humanidad en todo el país
1.1. Causas en movimiento
1.2. Situación procesal de los implicados
1.3. La condición de detención o libertad de los
implicados
1.4. Fuerza en la que los imputados cumplieron
servicios
2. Hacia el análisis de la evolución del proceso de
justicia: comparación de los datos de los años 2007 y
2008
2.1. Evolución de la situación procesal
2.1.1. Total de condenados
2.1.2. Total de procesados
2.1.3. Total de prófugos
2.1.4. Total de fallecidos e incapaces
2.2. Evolución de las detenciones
3. Dos ejemplos de justicia transicional en América
Latina: análisis comparativo de los procesos en Chile y la
Argentina
3.1. A modo de introducción
3.2. Algunas consideraciones respecto del proceso de
justicia en Chile
3.3. Datos estadísticos de los procesos penales por
crímenes de las dictaduras en Chile y la Argentina
3.3.1. Procesos en trámite
3.3.2. Universo de procesados
3.3.3. Universo de condenados
3.3.4. Imputados según fuerza
4. Palabras finales
II. Violencia policial: las reformas pendientes en las
instituciones de seguridad y los desafíos del Poder Judicial
1. Introducción
1.1. Violencia institucional en la Ciudad de Buenos
Aires y el Conurbano bonaerense
1.2. Algunos hechos de violencia policial ocurridos
durante el período 2007-2008
1.3. Las respuestas de la justicia frente a la violencia
policial
1.3.1. Dificultades para lograr una investigación
eficaz
a) Medidas de prueba practicadas por personal
de las comisarías involucradas
b) Obstrucciones dentro del Poder Judicial.
Importancia de la participación de familiares y
víctimas
c) Elasticidad de la figura de “legítima defensa”
1.3.2. Respuestas judiciales que avanzan en la
fijación de estándares sobre violencia policial
2. Policía, grupos vulnerables y estándares de privación
de la libertad
3. Conclusiones
III. Regresiones en las políticas de seguridad, una
dirección de difícil retorno
1. Introducción
2. Discriminación, exclusión e información en los
debates y políticas sobre la violencia y la seguridad
2.1. Hechos y respuestas. Las “olas de inseguridad”
de 2008
2.2. Políticas públicas, producción y acceso a la
información. Los retrocesos en los datos disponibles
para el debate y análisis de la violencia y la
inseguridad
2.3. Territorio, desigualdad y violencia
3. Instituciones de seguridad. Los pasos atrás en la
reformas del sistema de seguridad de la provincia de
Buenos Aires y la creación de la policía de la Ciudad de
Buenos Aires
3.1. Desarticulación de las políticas de reformas de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires
3.2. Políticas de seguridad autoritarias y regresivas en
la provincia de Mendoza
3.3. La aprobación de la ley de creación de la Policía
de la Ciudad de Buenos Aires
4. Conclusiones
IV. Nuevos actores en los conflictos en el espacio público.
Desafíos y respuestas del Estado
1. Introducción
2. El accionar de las instituciones de seguridad
2.1. Las respuestas frente a los cortes de ruta
realizados por las entidades agrarias
2.2. Problemas en el uso de la fuerza en desalojos y
manifestaciones
La necesidad de ampliar los estándares a las
situaciones de desalojo
3. Las respuestas de la Justicia a la represión de protestas
sociales. Las dificultades para lograr un rol activo en la
defensa de derechos
3.1. Los procesos judiciales contra hechos de
represión de manifestaciones
3.1.1. El proceso judicial por el asesinato del
maestro Carlos Fuentealba y la represión de la
protesta de los docentes de la provincia de
Neuquén
3.1.2. La investigación sobre la represión de los días
19 y 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de
Buenos Aires
3.1.2.1. La intervención de la Fiscalía Criminal y
Correccional Nº 5 en la causa en la que se
investiga la actuación de los autores materiales
de los homicidios y lesiones
3.1.2.2. La elevación a juicio de las autoridades
responsables de la represión
3.1.2.3. La situación procesal del ex presidente
Fernando de la Rúa
3.2. La actuación de la Justicia en la regulación de la
protesta social
3.2.1. Las persistentes decisiones de la Justicia de
criminalizar los cortes de ruta. La afectación a la
democracia de los fallos contra Marina Schifrin y
Julio Alais
3.2.2. La elección de Abel Cornejo como vocal del
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Salta. El reconocimiento político a un “militante de
la criminalización de la protesta
4. Conclusiones
V. La agenda de derechos humanos sin lugar para las
personas privadas de libertad en la Argentina
1. Introducción
2. La provincia de Buenos Aires, nuevamente escenario
de políticas represivas y del agravamiento de la situación
de las personas privadas de libertad
2.1. El enfoque político-criminal del gobierno de
Scioli: nueva apuesta al endurecimiento del sistema
de enjuiciamiento penal
2.2. El aumento de la tasa de encarcelamiento y el
plan penitenciario del gobierno provincial
2.3. Situaciones de violencia y tortura en
establecimientos de detención de la provincia de
Buenos Aires
3. Las políticas carcelarias en el ámbito federal y la
situación de las personas privadas de libertad
3.1. Evolución de la población del SPF
3.2. Sobrepoblación y condiciones materiales de
detención
3.3. La persistencia de las prácticas violentas en las
unidades del SPF
4. Desatención y debilitamiento del rol de los
mecanismos de control frente a la grave situación de las
personas privadas de libertad en el país
4.1. La falta de implementación del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura: el Estado en
deuda frente a una problemática estructural
4.2. El desgaste institucional de la PPN y el proceso de
selección de un nuevo titular del cargo. El debate
sobre la implementación del Protocolo Facultativo en
el Congreso
5. Palabras finales
VI. Políticas de defensa y derechos humanos para las
fuerzas armadas
1. Introducción
2. La reforma del sistema de justicia militar
2.1. Las razones que impulsaron la reforma
2.2. El nuevo sistema de justicia militar
2.3. Un régimen de disciplina militar
2.4. El proceso de implementación
3. Un defensor para las fuerzas armadas
3.1. El ombudsman militar
3.2. Proyectos de ley
3.3. Reflexiones finales sobre la figura del
ombudsman militar
4. El caso de espionaje en Trelew
4.1. Los vaivenes de la causa
4.2. La importancia de una conducción y un control
efectivos de las actividades de inteligencia
5. Conclusiones
VII. Déficit habitacional y desalojos forzosos en la Ciudad
de Buenos Aires: apuntes sobre una política de expulsión y
desresponsabilización
1. Introducción
2. El déficit habitacional: modalidades y territorios
“privilegiados”
3. Mucha política, pocas políticas: la respuesta estatal
frente al déficit habitacional
4. Desalojos forzosos en la ciudad: profundización de la
crisis habitacional
4.1. Cuadro de situación
4.2. El garante infractor: el rol del ONABE en los
desalojos forzosos de la CABA
4.3. El rol del Ministerio Público Fiscal en la
definición de la política criminal y la garantía de los
derechos humanos
5. Conclusiones
VIII En busca de soluciones judiciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo
I Introducción
2 La situación de contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo bajo la lupa de la justicia
2.1 CSJN decide atender el problema de manera integral y novedosa
2.2 La CSJN ordena sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo
2.3 El cumplimiento de la sentencia y su control
2.4 El PISA de la Cuenca Matanza-Riachuelo
3. Nuevas dinámicas de interacción política y social
3.1. Hacia una modificación de los modos de concebir
las políticas públicas
3.2. La apertura de instancias de participación social
en el diseño y control de las políticas
3.3. La producción de información como requisito
indispensable para el diseño de políticas y la
participación pública
4. Conclusiones
IX. El derecho de defensa y el acceso a la justicia de las
personas usuarias de los servicios de salud mental
1. Introducción
2. El nuevo paradigma: las personas usuarias de los
servicios de salud mental como sujetos de derecho
2.1. La ratificación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Un
momento de oportunidad
2.2. El Informe del Relator Especial de Naciones
Unidas sobre la cuestión de la tortura y la situación de
las personas con discapacidad
2.3. El derecho de defensa de las personas usuarias de
los servicios de salud mental
3. Las personas con discapacidad mental en el sistema
judicial argentino
3.1. El sostén del paradigma tutelar: un siglo y medio
sin cambios en las reglas del Código Civil
3.2. La protección estatal ejercida a través de procesos
judiciales sobre salud mental
3.3. Un caso paradigmático: la aplicación de terapia
electroconvulsiva (TEC). El hábeas corpus para
prevenir un posible acto de tortura o trato cruel,
inhumano o degradante
4. El papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN)
4.1. La Corte promueve una nueva mirada del
problema 4.2. El abandono del sistema judicial: el
caso “R., M. J.”
4.3. El aporte del fallo para los derechos humanos de
las personas usuarias de los servicios de salud mental
4.4. Algunas conclusiones e interrogantes respecto de
la incidencia de la doctrina de la Corte en las políticas
públicas de salud mental
5. La necesidad de contar con mecanismos de control
activos
6. Ausencia de un movimiento consolidado de personas
usuarias de los servicios de salud mental
7. Hacia una ley nacional de salud mental
8. Palabras finales
X. Hacia un ejercicio pleno de la libertad de expresión en
la Argentina: el desafío de traducir los debates en políticas
públicas
1. La primera decisión de la Corte IDH sobre libertad de
expresión en un caso argentino
1.1. El desafío pendiente: la reforma de los delitos de
calumnias e injurias en el ámbito del derecho penal y
su correlato en materia civil
1.2. La necesidad de alcanzar un proyecto de reforma
consensuado
1.3. Los primeros ecos de la sentencia en el ámbito
judicial local
2. La defensa de la libertad de expresión en la Corte
Suprema: el caso Patitó
3. Otro año de acceso restringido a la información pública
3.1. La situación del INDEC y el sistema estadístico
nacional
3.2. Avances a nivel regional
4. Reglas claras para la distribución de la publicidad
oficial: el caso del diario Río Negro
5. El debate por una nueva ley de radiodifusión
5.1. La responsabilidad de los medios audiovisuales
5.2. “La madre de todas las batallas”
5.3. Hacia la elaboración de estándares regionales
5.4. Cambios en el COMFER y decisiones resistidas
El caso Continental-FM 104.3
La polémica por los subtítulos ocultos
6. Una nueva experta en la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH
7. Conclusiones
Debates
Sobre la televisación de los juicios por violaciones masivas
a los derechos humanos
El acceso al aborto permitido por la ley: un tema pendiente
de la política de derechos humanos en la Argentina
1. Introducción
2. El contexto de las políticas de salud sexual y
reproductiva
3. Las obligaciones que surgen de los derechos a la
salud sexual y reproductiva
3.1. Obligaciones de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad
3.2. Obligaciones de respeto, protección y
cumplimiento
3.3. Otras categorías de obligaciones
4. Cuestiones metodológicas
5. La de servicios de acceso al aborto no punible
6. La de los servicios de aborto no punible
6.1. Las barreras legales
6.2. Las barreras económicas
6.3. Las barreras de información
6.4. Las barreras geográficas
7. La de los servicios de aborto no punible
8. La de los servicios de aborto no punible
9. Otros problemas vinculados al aborto
10. Los actores políticos y el aborto
11. Conclusiones
Integrantes del CELS